DILEMAS DE OTRO TIEMPO La frontera entre Tacna y Arica es una de las dos con mayor número de cruces clandestinos hacia Chile, a pesar de estar en gran parte minada. Sólo en lo que va del año se han abierto 16 causas judiciales contra bandas o particulares sorprendidos ingresando extranjeros –la mayoría colombianos– por pasos no habilitados. Las formas más comunes son tres: caminando por la línea del tren, por la playa aprovechando que Arica es una ciudad costera a pocos kilómetros de la frontera, o en pequeños botes. Aunque también se han detectado inmigrantes siendo transportados escondidos en vehículos.
En la Fiscalía de Arica llama la atención que la cifra de denuncias por tráfico de inmigrantes se haya disparado durante 2014. De hecho, el 76 por ciento de los casos de los últimos tres años ocurrieron en lo que va del presente periodo.
El fenómeno de la inmigración en Chile se ha incrementado de forma notoria. De hecho, según cifras de la ONU, este es el país de Sudamérica donde más ha crecido el porcentaje de extranjeros. Mientras en 1990 había 107.000, actualmente se estima ese número en 440.000. La región de Antofagasta es ícono de este proceso. Ahí se estima que residen casi 35 mil extranjeros, incluyendo los irregulares. La bonanza minera ha incrementado el flujo de migrantes que, a su vez, se ha encontrado con el aumento del rebote en la frontera y el surgimiento de redes de coyotaje y trata de blancas que periódicamente abren nuevas rutas clandestinas entre el desierto y las montañas que unen a Chile con Perú y Bolivia. Sin embargo, la discusión legal sobre la migración en este país supera la preocupación por controlar a las redes ilegales. Dentro de la opinión pública chilena, es la misma idea del migrante y el lugar que ocupa en la sociedad, lo que ha polarizado el debate.
En Antogasta, la sociedad está dividida. Una encuesta presentada en agosto de este año dio a conocer que el 50,1 por ciento de los antofagastinos no está de acuerdo con la inmigración. Pero ante la pregunta: ¿los inmigrantes son un aporte al crecimiento y al desarrollo?, el 59,4 por ciento dijo que sí lo son. Sea que se muestren a favor o en contra del fenómeno, los antofagastinos, y chilenos en general, están de acuerdo en una cosa: la Ley de Extranjería es anacrónica y debe modificarse. Leyes que no integran
La Ley de Extranjería data de 1975 y ha sido bastante criticada, hasta el punto de que los mismos parlamentarios aseguran que la normativa es obsoleta.
El senador por la región de Antofagasta, Pedro Araya, explica que esta ley fue dictada en plena dictadura militar, cuando Chile no era un destino comercial, turístico o de trabajo. “Hoy nos hemos vuelto un país atractivo desde todo punto de vista para la migración. Como consecuencia de ello tenemos una ley que lo único que busca es un mero control de carácter formal respecto del ingreso y salida de extranjeros, pero su gran deficiencia es que no contiene una política migratoria clara. Y eso, obviamente, ha impactado en el quehacer diario del país en esta materia”.
Por ello, su posición es que hay que modificar la Ley, pues no responde a los desafíos que hoy se tienen en temas migratorios. “También debería regularse de mejor forma el ingreso y salida del país. Por ejemplo: en los casos en que a un extranjero se le vencieron los papeles o ingresó de manera irregular, pueden pasar años antes de ser expulsado. Esa persona tampoco puede buscar trabajo ya que no se lo otorga la respectiva visa, con los consiguientes problemas que ello trae aparejado”. Uno de los principales aspectos de la Ley de Extranjería actual es que está basada en el concepto de seguridad nacional del Estado y eso ha traído más de algún problema a quienes deciden venir a vivir a Chile. Así lo explica la directora de la organización de la sociedad civil Ciudadano Global, Marcela Correa, quien asegura que la actual normativa mira al extranjero como una amenaza y no como un aporte. “Es una ley desactualizada que no responde a la realidad migratoria”.
Si bien el gobierno del expresidente Sebastián Piñera propuso cambios a la ley, éstos no fueron muy bien vistos por la ONG, ya que desde su perspectiva, las indicaciones del proyecto no tenían un enfoque de derechos, sino que una visión economicista de la migración. “El migrante es visto solo como mano de obra y no como una persona”.
Además –dice Correa– mantiene la arbitrariedad y la discrecionalidad por parte de las autoridades. “Sólo habla de promover los derechos de las personas migrantes, pero no los garantiza. Por otro lado, consideramos que así como en el gobierno de Piñera el avance fue la idea de legislar y actualizar el marco regulatorio, celebramos que el gobierno de Bachelet le diera una nueva interpretación del Registro Civil en relación al hijo de extranjero transeúnte, otorgando la nacionalidad a los niños nacidos en Chile que tienen padres extranjeros”.
En definitiva, y en voz de los propios inmigrantes, esta ley solo genera colas interminables en la oficina de Extranjería, Gobernación y la PDI, acompañadas en ocasiones, de una atención poco digna. También hay problemas para obtener la visa solicitada y la cédula de identidad. Esto puede tardar más de un año, trayendo dificultades para arrendar una vivienda, crear una cuenta bancaria, afiliarse al sistema de salud estatal e incluso enviar o recibir dinero. Para la gobernadora de la provincia de Antofagasta, Fabiola Riveros, esta ley ve la inmigración como una amenaza y como un mal, por lo tanto hace todo lo posible para que se complejice el ingreso y la permanencia de la persona en Chile.
Por regla general, los extranjeros entran a Chile con una visa de turista, la cual tiene un periodo de duración de 90 días. Si dentro de ese tiempo el inmigrante encuentra una posibilidad de trabajo, primero debe pagar derechos a Chile para poder laborar. La tarjeta de trabajo cuesta aproximadamente 80.000 pesos chilenos.
“En este gobierno estamos promoviendo una mirada diversa. Michelle Bachelet, nuestra presidenta, ha señalado que nosotros no vemos la migración como una amenaza. La propuesta es mejorar el transporte de cargas y de personas. En este gobierno se conformará un consejo de ministros para así seguir avanzando de una política nacional migratoria”.
Las ONG critican que la actual ley le da todo el poder al funcionario de turno para rechazar el ingreso de un extranjero hacia Chile. Por su parte, la PDI explica que cuando se advierte que un inmigrante está entregando datos falsos respecto a su estadía o residencia en el país, es su deber negarle la entrada. El jefe de Extranjería de la PDI de Antofagasta, subprefecto Carlos Pizarro asegura que en la mayoría de los casos es fácil detectar a quienes están mintiendo respecto a su estadía en la capital regional. “Uno les pregunta dónde se van a quedar y dicen la dirección de un hotel y si tú calculas el dinero que traen para estar 90 días y el pago de 90 días en un hotel, no da la cifra. A veces diez personas dan la misma dirección y resulta que cuándo tú preguntas ¿conoce a ese señor?, ellos dicen que no. Es ahí donde el policía, con su facultad discrecional, les impide el ingreso al país. Hay cosas que tiene que evaluar el funcionario en la caseta fronteriza de forma inmediata”, explica. Sin embargo, las respuestas de los funcionarios poca o nula referencia hacen a los excesos y maltratos que se denuncian. Abusos que generan resentimiento, y pueden ser semilla de mayores divisiones.
Independientemente de las explicaciones oficiales, para muchos resulta evidente que la legislación actual está en mora de ser reformada. La discrecionalidad que hoy tienen los funcionarios de migración chilenos, no solo generan un clima ambiguo e inestable frente al inmigrante. Un ambiente que aprovechan los tratantes de personas para promover la ilegalidad y clandestinidad, y que hoy enfrentan los migrantes en la frontera.

En medio del surgimiento de las redes de coyotaje y trata de blancas en la frontera, la sociedad chilena comienza a cuestionar la vigencia de un marco legal migratorio que refleja la lógica de una época diferente a la que llega con los vientos de integración latinoamericana.

Para muchos la ley actual no responde a la realidad migratoria, menos en tiempos de integración.

Los funcionarios no hacen referencia a los abusos y excesos. Aseguran que su actuación es en el marco de la Ley.

 

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